Desarrollo de investigaciones internas de acuerdo con los requerimientos de la Ley 2/2023 y la jurisprudencia penal, para la averiguación de hechos, preconstitución de pruebas y, en su caso, denuncia al Ministerio Fiscal o judicialización.

Estafas. Administración desleal de patrimonios. Apropiación indebida de dinero y de bienes. Alzamiento de bienes. Ocultación de bienes y bloqueos de ejecuciones. Daños en propiedades.

Corrupción en los negocios nacionales e internacionales. Descubrimiento y uso de secretos de empresa. Fraudes internos. Allanamiento de domicilio. Delitos contra trabajadores y accidentes laborales.

Delitos fiscales. Fraudes a la Unión Europea. Delitos y fraudes contra la Seguridad social. Fraudes de subvenciones y prestaciones. Falsedades contables para defraudaciones tributarias.

Falseamiento de cuentas. Adopción de acuerdos abusivos. Falseamiento de mayorías en acuerdos. Negación del derecho de información, de control de la sociedad y de suscripción preferente.

Robo de archivos y soportes informáticos. Interceptación de comunicaciones y datos. Usos no permitidos de bases de datos. Hacking, inutilización y daños de dispositivos y sistemas informáticos.

Injurias y calumnias. Descubrimiento, revelación y uso de secretos. Publicación, distribución y uso de grabaciones privadas o íntimas. Publicación de actuaciones judiciales secretas. Ciber acoso.

Blanqueo de capitales de terceros y auto blanqueo. Blanqueo intencional y por imprudencia. Actos neutrales carentes de relevancia penal. Delitos de introducción en el mercado de delitos patrimoniales.

Prevaricación. Violación de secretos. Cohecho. Trafico de influencias. Malversación de caudales públicos. Fraude en contrataciones. Solicitudes ilegales de aranceles. Negociaciones prohibidas.

Edificaciones ilegales. Prevaricaciones urbanísticas. Contra el patrimonio histórico y cultural. Delitos de contaminación y explotación de recursos naturales. Delitos contra la flora y la fauna.

Usos no permitidos de marcas y denominaciones de origen. Distribución física o digital, copia o usos no autorizados de obras literarias, artísticas, científicas. Uso de patentes o modelos de utilidad no permitidos.

Descubrimiento, difusión, revelación y/o uso de secretos de empresa. Uso de información privilegiada. Alteración de cotizaciones de valores. Alteración de eventos deportivos. Publicidad engañosa.

Prevaricación judicial. Encubrimiento. Acusación y denuncias Falsas. Falso testimonio y falsa pericia. Obstrucción de la Justicia. Quebrantamientos de condena. Realización arbitraria del derecho.

Procedimientos de reclamación de indemnización del Estado por actuaciones judiciales generadoras de daños, errores judiciales por prisiones provisionales y por revisión de sentencias.

Identificación y traba de activos de personas físicas y empresas necesarias para el aseguramiento y/o ejecución de responsabilidades patrimoniales de los procedimientos.

Recursos de apelación ante las Audiencias provinciales, la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia y de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional para la defensa de vulneraciones de Derechos Fundamentales de personas y empresas que se hayan producido en el procedimiento penal.

Revisión por la Sala Segunda del Tribunal Supremo de sentencias firmes por la aparición de pruebas nuevas, por recaer dos sentencias sobre los mismos hechos o por resolverse cuestiones judiciales incompatibles.

Asesoramiento del tratamiento penitenciario de personas condenadas a penas de prisión no suspendidas o sustituidas, para el progresivo logro de evoluciones de clasificación y regímenes de libertad.

Asesoramiento en las fórmulas de cumplimiento de penas distintas de la prisión, y gestión procesal del desarrollo de las mismas hasta la cancelación de los antecedentes penales.

Ejecución de sentencias en relación con la responsabilidad civil -indemnización, daños morales, restitución, reparación- con las especialidades previstas para delitos fiscales, seguridad social y seguros.

Demandas de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) para la defensa de los derechos fundamentales vulnerados por el Estado con ocasión de procesos penales,

Planteamiento de cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine la interpretación que deba darse a la normativa de la UE que sea de aplicación en un procedimiento penal.

Ordenes Europeas de detención y entrega, Órdenes Europeas de Investigación, libertad vigilada, orden europea de protección, embargos, decomisos, traslado de procedimientos.

Procesos judiciales para la detención y entrega de personas solicitadas por España a otros Estados -Extradición activa- o por otros países a España -Extradición pasiva-, para ciudadanos españoles y extranjeros.

Colaboración entre Estados para la práctica en su territorio de elementos del proceso penal como citaciones, intervenciones telefónicas, embargos de bienes, investigaciones encubiertas o videoconferencias de testigos.

Ejecución en España de penas interpuestas a Españoles por Tribunales de otros Estados, y traslado de ciudadanos extranjeros penados a sus países para el cumplimiento de las penas privativas de libertad.